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CONTRALORA IMPUTA
ACTOS ILEGALES
Contralora refiere al
FBI y al Departamento de Justicia irregularidades en facturación
del Taller de Fotoperiodismo a Educación
Según una
auditoría, la entidad facturó $1.7 millones por servicios que no
ofreció o que ofreció antes de que se formalizara un contrato
El Nuevo Día
miércoles, 16 de marzo de 2022
Por
BENJAMÍN TORRES GOTAY
La contralora Yesmín Valdivieso
refirió a las autoridades investigativas de Estados Unidos y
Puerto Rico un informe de auditoría divulgado este martes en el
que le imputa al Taller de Fotoperiodismo, una entidad sin fines
de lucro fundada por el fenecido fotoperiodista José Ismael
Fernández Reyes, el haberle facturado ilegalmente $1.7 millones
al Departamento de Educación (DE) por servicios no brindados o
brindados antes de la formalización de un contrato, lo cual
sería ilegal.
Según la contralora, las presuntas ilegalidades se cometieron
tras el DE haber contratado al Taller de Fotoperiodismo para
celebrar talleres de capacitación en diferentes disciplinas en
95 escuelas públicas en el año escolar 2015-2016, durante la
incumbencia del exsecretario Rafael Román, por un total de
$4,499,343.71. El Taller facturó $4,485,756, de los cuales el DE
pagó $4,219,510. El dinero objeto de esta controversia proviene
de fondos federales.
La contralora dice que tiene evidencia de que $1,752,297 de ese
pago correspondía a facturas que contenían información falsa.
“El contratista (Taller de Fotoperiodismo) preparó y presentó al
DE facturas y sus justificantes con información falsa para
justificar el cobro de $1,752,297″, dice el informe, que, como
es la práctica en la Oficina de la Contralora, no identifica por
nombre al contratista.
Fernández ha retratado a todos los gobernadores de Puerto Rico,
a los sumos pontífices Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco,
así como a líderes mundiales como Mijaíl Gorbachov y Fidel
Castro. José Ismael Fernández Reyes, conocido como Ismaelito,
fundó el Taller de Fotoperiodismo en el 1994 y lo presidió hasta
su muerte en el 2016. Según su viuda, Nilka Estrada, nunca se
vinculó a los aspectos administrativos de la organización.
La contralora indicó que en septiembre del año pasado refirió su
informe a los departamentos de Justicia de Estados Unidos y
Puerto Rico, al FBI y a la Oficina del Inspector General de
Educación federal.
El Taller de Fotoperiodismo fue fundado en el 1994 por
Fernández, quien laboró por 36 años en El Nuevo Día, como parte
de su interés en contagiarle su amor por el fotoperiodismo a
niños y niñas de comunidades desventajadas. Incontables niños se
beneficiaron de sus servicios desde entonces hasta el cierre de
la institución en el 2017.
Fernández, a quien en los mundos periodísticos y políticos todos
conocían como “Ismaelito”, presidió la entidad hasta su muerte
el 23 de agosto de 2016, por causas naturales. Un año después de
su fallecimiento, el Taller se declaró en quiebra y cesó
operaciones.
La viuda de Fernández, Nilka Estrada Resto, indicó que su esposo
siempre delegó en otros los asuntos administrativos de la
entidad, sobre todo durante el periodo de las irregularidades
detectadas en el informe, que ocurrieron casi al final de su
vida, cuando estaba muy enfermo y pasaba largos periodos
hospitalizado.
“El papel de Ismael como presidente fue usar su liderazgo para
darle dirección al Taller, establecer metas, poner en vigor
planes y estrategias de desarrollo. Nunca estuvo a cargo de la
fase administrativa de contabilidad y facturación y menos en el
último año de su vida”, sostuvo Estrada Resto.
El veterano comunicador Juan “Tato” Ramos, quien presidió la
Junta de Directores del Taller, dijo que asumió esas funciones
unos meses antes de la muerte de Fernández por petición de este
y nunca se vinculó a las cuestiones administrativas de la
entidad.
La administración del Taller estaba mayormente a cargo de Pedro
Borges, quien fungió por varios años como director ejecutivo y
fue designado presidente de la entidad por la Junta de
Directores tras la muerte de Fernández. Borges no respondió una
petición de entrevista hecha esta tarde a través de mensaje de
texto a su teléfono celular.
Según la contralora, el contrato en controversia fue firmado por
el secretario Román y “el director de la organización
contratada” el 2 de diciembre de 2015. El propósito era
“implementar un Proyecto Especial para establecer varios centros
alrededor de la Isla para capacitar a un máximo de 4,306
estudiantes entre las edades de 7 a 18 años (del tercer al
duodécimo grado)”.
Esto se haría “mediante un currículo integrado en
comunicaciones, multimedios, producción y post producción en
vídeo, para desarrollar cápsulas televisivas; y un programa de
integración curricular en el campo de las comunicaciones, las
bellas artes y las principales materias académicas, con
estrategias de aprendizaje innovadoras durante el año académico
2015-16, y en junio y julio de 2016″.
Los talleres estarían a cargo de maestros del sistema de
educación pública y de recursos contratados por el Taller. Según
la contralora, los talleres habían comenzado a ofrecerse desde
el 26 de octubre de 2015, 37 días antes de la formalización del
contrato. Según la contralora, se ofrecieron 862 talleres antes
del contrato.
La contralora encontró también que entre diciembre de 2015 y
enero de 2016, el Taller le facturó al DE 1,540 talleres por
maestros y 466 que los maestros nunca facturaron. Además, en el
mismo periodo, el Taller facturó otros 1,540 talleres ofrecidos
por recursos contratados por la entidad y 397 que dichos
recursos nunca facturaron.
“La prueba documental (las facturas remitidas al contratista por
los maestros, talleristas y transportistas contratados) y
testifical reveló que el contratista, en lugar de presentar las
facturas remitidas por los proveedores indicados, preparó
documentos con información falsa con relación a la cantidad de
participantes, fecha y horario de los talleres. Además, que los
talleres se ofrecieron previo a la formalización del contrato”,
dice el informe.
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