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Los terrenos
ganados al mar,sostuvo Dávila Suliveres, no son de
dominio público porque eran propiedad del Gobierno
federal, que los vendió al ELA, y éste, a su vez,
a la corporación del hotel Caribe Hilton.
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Los
terrenos no son de dominio público
Sábado, 9 de Febrero de 2008
Adria Cruz / Primera Hora
¿Caso resuelto?
En una sentencia que comienza con una breve y dramática
introducción, el juez superior Oscar Dávila Suliveres decidió ayer
que los terrenos ganados al mar en el área donde se levanta el
polémico proyecto Paseo Caribe no son de dominio público y validó
por completo la postura del desarrollador, San Gerónimo Caribe
Project (SGCP).
“Un litigio cuyo comienzo tiene más de cien años, dos vistas,
hechos estipulados, trece tomos, miles de folios, un expediente de
dos pies de alto, un caso extremadamente complejo para abogados,
aún para los profesores de Derecho de la materia sobre la que
trata el asunto, todo reducido a ochenta páginas en menos de
sesenta días. Caso resuelto”, comienza la sentencia de Dávila
Suliveres, que compara el pleito con otros litigios complejos como
el de la explosión de Río Piedras y el de las carpetas.
El magistrado hace una extensa recopilación de todas las
transacciones relacionadas con los terrenos ubicados en la entrada
de San Juan. Concluye que SGCP “fue un adquirente de buena fe” que
confió en las constancias del Registro de la Propiedad “y en el
estado de derecho”, además de ser un tercero registral protegido
por ley.
Los terrenos ganados al mar, sostuvo, no son de dominio público
porque eran propiedad del Gobierno federal, que los vendió al ELA,
y éste, a su vez, a la corporación del hotel Caribe Hilton.
Según la decisión, la empresa del desarrollador Arturo Madero
adquirió los terrenos “de buena fe de Hilton International of
Puerto Rico, Inc.”, que al momento aparecía como dueña de los
mismos en el Registro de la Propiedad.
“Hilton, a su vez, los había adquirido año y medio antes de la
Hotel Development Corporation y de la Compañía de Turismo de
Puerto Rico, quienes ostentaban el título registral sobre dichos
terrenos, luego de varias transacciones llevadas a cabo por el
gobierno del Estado Libre Asociado, alguna de las cuales se
remontan a más de medio siglo antes”.
“Concluimos que para la fecha en que los (terrenos) fueron objeto
de las transferencias de dominio y/o compraventas, la parte de
éstos que había sido ganada al mar no era de dominio público, sino
bienes patrimoniales que podían ser enajenados”, dice la
sentencia.
El juez también plantea que el Departamento de Justicia, al
responder la demanda incoada por SGCP y el First Bank, “no adujo
alegación o evidencia tendente siquiera a demostrar que los
demandantes actuaran de mala fe en la adquisición de sus títulos o
que del Registro surgiera clara y expresamente que las parcelas en
cuestión fueran de dominio público”.
La determinación judicial dejaría sin efecto la orden emitida por
la Junta de Planificación que, basada en una opinión del
secretario de Justicia, encargó al Departamento de Recursos
Naturales y Ambientales la mensura y deslinde de los terrenos
ganados al mar.
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