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Cámara de Representantes continuará investigación de los muelles

22 de noviembre de 2019 
CB en Español cb.pr


Por Yanira Hernández Cabiya

La Cámara de Representantes continuará la investigación sobre el proceso mediante el cual se le permite a las empresas Puerto Rico Terminals y Luis Ayala Colón crear una nueva empresa para operar el principal muelle de carga del país. 

En el informe se levanta preocupación además sobre la transacción para desarrollar el área conocida como el Navy Frontier Pier y sobre la alianza público privada para operar los muelles de crucero. 

La resolución a esos efectos se aprobó al cierre de la Sesión Ordinaria de la Cámara mediante la aprobación de un informe parcial de investigación de las Comisiones de Asuntos Federales, Internacionales y Estatus y de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones. Alianzas Público Privadas y Energía. 

En dicho informe, las comisiones camerales consignan que del expediente público se evidencia que la Comisión Federal Maritima (FMC, por sus siglás en inglés) “no es cónsono con los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico”. 

“El acuerdo compromete nuestras capacidades en un área crítica para el pueblo de Puerto Rico y limita seriamente un sinnúmero de servicios estratégicos críticos”, lee el documento. 
Además establecen que “las comisiones entienden altamente cuestionable el rol asumido por la Autoridad de los Puertos ante los posibles retos que conlleva el acuerdo y las reiteradas expresiones de distintos grupos multisectoriales”, dice la resolución en sus hallazgos. 
“Esa visión limitada de sus funciones es precisamente sintomática de una política pública que carece de cohesión y visión; que valora desproporcionadamente el impacto inmediato sobre la planificación a largo plazo”, añaden. 

El informe estabalece la preocupación que levanta la visión de Puertos en vista de las transacción que también están en proceso para “el traslado de operaciones y el redesarrollo turístico de facilidades portuarias”. 

Como reportó Caribbean Business, el Gobierno de Puerto Rico, a través de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas, está negociando con un proponente preferido APP para desarrollar y operar los muelles de barcos cruceros en la bahía de San Juan (muelles 1, 3, 4, 12, 13 y 14 en el Frente Portuario de San Juan, y los muelles denominados Panamericano I y II en Isla Grande). 
En el informe se consigna que durante la Conferencia Anual de la Asociación de Cruceros del Caribe y Florida, que se realizó en Puerto Rico en octubre pasado, las empresas Royal Caribbean y Carnival Cruise Line advirtieron que reducirían su presencia en la isla entre un 25% a 40%, si se firma esta la APP de los muelles. 

Estas mismas empresas firmaron un acuerdo en dicho cónclave con el gobierno de la isla de Santa Lucía construir y operar los muelles de crucero en ese país, con una inversión millonaria. 

Sobre Navy Frontier

El informe de las comisiones camerales señala también que preocupación sobre el el proyecto de desarrollo comercial, residencial y/ o turístico que se propone para el muelle denominado Navy Frontier. 

Este medio también ha publicado que a pesar de que el predio de terreno conocido como Navy Frontier es propiedad de la Autoridad para el Distrito de Convenciones, la Autoridad de los Puertos hizo una falsa representación cuando firmo contratos de alquier de espacios en dicho muelle con dos consecionarios. 

Las comisiones cuestionan que el acuerdo para desarrollar el Navy Frontier, se firmó “sin consulta ni vistas públicas y sin que se conozca dónde serán ubicados los actuales ocupantes de dichas facilidades”. “Cabe destacar que algunos hari estimado que la Autoridad podría dejar de recibir cerca de $9.4 millones anuales si se concreta el proyecto”, dice el informe.

Las comisiones concluyen que “la inacción de la Autoridad, en no querer intervenir, es un aspecto importante que debe continuar bajo evaluación”. “Sin embargo, nuestro foco primordial es y debe continuar siendo los grandes riesgos que representa este acuerdo y otras determinaciones de política pública de la Autoridad que atentan contra este sector clave de nuestra económica, porque mientras la Autoridad persiste en actuar como arrendador, administrador y “bróker”, limitando los muelles que actualmente están en operación, otros sectores, incluyendo funcionarios públicos, como el Secretario del Departamento de Desarrollo Económico, alertan sobre los efectos negativos que estas transacciones pueden tener”, sentenciaron.