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Denuncian desplazamiento de
residentes de Puerta de Tierra
Investigación
del PIP revela que 9 inversionistas han comprado 30 edificios
El Nuevo Día
Martes, 22 de marzo de 2022
Por Nydia Bauzá
Acompañados por residentes de Puerta
de Tierra, los portavoces del Partido Independentista
Puertorriqueño (PIP) en la Legislatura, María de Lourdes
Santiago y Denis Márquez Lebrón, denunciaron hoy un esquema de
acaparamiento de una treintena de edificios por inversionistas
extranjeros al amparo de los privilegios contributivos de las
Leyes 20 y 22 en la histórica comunidad sanjuanera, considerada
una de las más antiguas de la Capital.
Los legisladores denunciaron que la compra venta de las
propiedades ha provocado el desplazamiento de decenas
residentes, muchos de ellos nacidos y criados en Puerta Tierra,
quienes se han visto forzados a abandonar la comunidad.
Dijeron que una investigación preliminar que realizó el asesor
legislativo del PIP, Adrián González Costa arrojó que nueve
beneficiarios de la Ley 22 han adquirido hasta la fecha, 30
edificios en Puerta de Tierra, incluyendo la antigua escuela
Brumbaugh y el edificio que albergaba las oficinas de un diario
de circulación nacional.
Acompañados por residentes de Puerta de Tierra, los portavoces
del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en la
Legislatura, María de Lourdes Santiago y Denis Márquez Lebrón,
denunciaron hoy un esquema de acaparamiento de una treintena de
edificios por inversionistas extranjeros al amparo de los
privilegios contributivos de las Leyes 20 y 22 en la histórica
comunidad sanjuanera, considerada una de las más antiguas de la
Capital.
Los legisladores denunciaron que la compra venta de las
propiedades ha provocado el desplazamiento de decenas
residentes, muchos de ellos nacidos y criados en Puerta Tierra,
quienes se han visto forzados a abandonar la comunidad.
Dijeron que una investigación preliminar que realizó el asesor
legislativo del PIP, Adrián González Costa arrojó que nueve
beneficiarios de la Ley 22 han adquirido hasta la fecha, 30
edificios en Puerta de Tierra, incluyendo la antigua escuela
Brumbaugh y el edificio que albergaba las oficinas de un diario
de circulación nacional.
Nos dimos a la tarea de buscar parcela por parcela en el CRIM
(Centro de Recaudación de Ingresos Municipales), quiénes son
dueños y encontramos personas que son dueñas de una cuadra
completa”, indicó el licenciado González Costa.
“Lugares tradicionales donde vivían familias enteras algunas a
través de varias generaciones, donde prosperaban negocios
familiares por décadas ahora son espacios destinados al turismo.
El resultado es que se sigue empujando a puertorriqueños y
puertorriqueñas que no encuentran lugares ni para comprar ni
para alquilar y van perdiendo nuestras comunidades sus
identidades, sin que estas personas que se benefician de esos
esquemas contributivos con privilegios tengan que retribuir nada
al País”, dijo la senadora Santiago.
Tanto Santiago, en el Senado como Márquez Lebrón en la Cámara
radicaron resoluciones para que la Asamblea Legislativa
investigue el acaparamiento de propiedades inmuebles por
beneficiarios de las Leyes 20 y 22 y el efecto que esto ha
tenido en comunidades como Puerta de Tierra.
“Hemos insistido y radicado legislación para la eliminación de
todos estos privilegios contributivos a estas personas y este
esquema de privilegios de crear a Puerto Rico como un paraíso
fiscal”, dijo Márquez Lebrón.
La Ley 20 viabiliza la exportación de servicios y la Ley 22
incentiva el traslado de individuos inversionistas a Puerto
Rico, mientras, la Ley 60 dio paso al nuevo Código de Incentivos
de Puerto Rico.
“Por un lado es gente que llega con enormes cantidades de
efectivo dispuesta a comprar aún por encima del valor de
tasación y esto provoca un aumento artificial en el valor de
edificios, de casas, de terrenos que se va extendiendo a las
comunidades vecinas y a la larga resulta que puertorriqueños y
puertorriqueñas ya no puedan comprar”, sostuvo Santiago. Agregó
que esta práctica también afecta la naturaleza de muchas
comunidades en la medida en que esas adquisiciones se dan para
convertir esos edificios en espacios de alquiler a corto plazo a
través de plataformas digitales.
“Hemos visto el patrón que están teniendo estos inversionistas y
el gobierno. Si usted va por Puerta de Tierra ve que se han
perdido un sinnúmero de servicios. No tenemos cuartel de la
Policía estatal, no tenemos cuartel municipal, al CDT (Centro de
Diagnóstico y Tratamiento) usted va y no hay servicios. No
tenemos escuela elemental, la Brumbaugh la vendieron, el Colegio
San Agustín también. Hay hoyos en las carreteras y las luces no
funcionan... Teníamos una cancha de baloncesto bajo techo,
teníamos deportes, teníamos un centro para envejecientes, todo
eso ha desaparecido”, denunció Jorge González, vicepresidente de
la Junta del Residencial San Antonio
González dijo que en este residencial había 1,200 familias y
actualmente hay 80, de las cuales solo 8 son nativas de la
comunidad. “No podemos permitir que nos saquen a nosotros y que
seamos extranjeros en nuestra propia tierra”, sostuvo.
“Por los últimos 15 años los gobiernos que hemos tenidos, azules
y rojos han estado prometiendo y lo que están es faltándonos el
respeto y abusado de nosotros. Yo nací en Puerta de Tierra y
quiero morir que me entierren en Puerta de Tierra. No quiero que
me saquen a mí de donde nací para mandarme donde ellos quieren.
Es como decir que están invadiendo nuestro terreno, abusando de
los pobres y de los negros porque a ellos lo que les interesa es
el dinero”, expresó el líder comunitario de 55 años de edad.
“El Alcalde de San Juan (Miguel Romero) está patrocinando todo
esto, fuimos a pedirle una reunión y no quiso atendernos. Nos
dijo que fuéramos a la Alcaldía y le dijimos que se reuniera con
nosotros en la comunidad”, indicó González y anunció que este
viernes partirán en marcha hasta la Alcaldía en reclamo de que
el Alcalde se exprese sobre la controversia.
Otra residente, Laura González narró que vivía en un edificio en
la Calle San Agustín desde 2014 donde residían 21 familias
pagando rentas moderadas, pero fueron desalojados. “De momento
nos llegó una carta y nos dieron 30 días para salir. Ahora esto
es un Airb&b, cobrando $150 la noche y nosotros pagábamos entre
$300 a $400 al mes. Eso de que ellos van a traer beneficios para
la comunidad, no es cierto porque en esta cuadra ya no vive
gente, ahí ya no vive nadie”, sostuvo González, quien dijo que
se tuvo que mudar de Puerta de Tierra y acaba de regresar a la
comunidad.
“En Puerta de Tierra residían las personas que construyeron el
Viejo San Juan y quieren desplazar al residente porque no posee
la educación sobre el concepto de gentrificación y la Ley 22″,
denunció por su parte el comerciante Angelo Arroyo. Dijo que
adquirió un local de 1918 con dificultades.
El vicepresidente de la Junta del Residencial San Antonio indicó
también que los negocios en Puerta de Tierra se han reducido.
“No llegan ni a 10 y antes se le hizo hasta una canción”, indicó
González recordando la canción San Agustín, del compositor Tite
Curet Alonso.
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