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A WASHINGTON- La nefasta
costumbre de pedir prestado para borrar artificialmente los déficits
presupuestarios y la falta de voluntad política para frenar esa conducta
cuando la isla iba irremediablemente hacia un abismo, llevaron al
gobierno de Puerto Rico a la quiebra, según economistas.
La crisis se agravó por la pérdida de los incentivos de la sección 936
del Código de Rentas Internas federal -que redujo la actividad económica
en la isla y los empleos en la manufactura en cerca de 100,000-; la
ausencia de respuestas efectivas para crecer la economía; y por el
apetito de Wall Street para emitir deuda pública de PuertoRico, con una
triple exención atractiva para inversionistas.
"Nos colgamos en la ejecución. Tenemos T'", subrayó con énfasis la
economista Heidie Calero, en referencia a la irresponsabilidad de los
administradores del gobierno durante las pasadas décadas.
Para su colega Juan Lara, la falta de disciplina fiscal se convirtió en
una bola de nieve que terminó con la aceptación, en 2015, de que no
había dinero para cumplir con los servicios esenciales y las
obligaciones financieras del gobierno.
El informe Tobin, solicitado por el entonces gobernador Rafael Hernández
Colón a un grupo encabezado por el profesor de la Universidad de Yale
James Tobin (premio Nobel de la Economía de 1981), dio una voz de alarma
hace casi medio siglo.
En 1975, en medio de la primera recesión de la economía moderna, el
informe Tobin advirtió que ya eran necesarios "ajustes drásticos,
especialmente dolorosos". Para entonces la economía, después de haber
estado creciendo incluso en un 5%, había caído a negativo 1.8%. El
comité recomendó que la deuda pública se mantuviera "entre un 50% y 60%
del Producto Interno Bruto (PIB) a precios corrientes", sostuvo Calero,
experta en temas financieros.
"La deuda venía aumentando a un punto porcentual", pero muchos pensaron
que era temporero y lamentablemente no se le dio la importancia que
ameritaba, dijo Lara, profesor de Economía en la Universidad de Puerto
Rico (UPR).
En medio de la administración de Sila María Calderón, después de las
obras "faraónicas" del gobierno de Pedro Rosselló González, en 2003
había alcanzado un 65%, dijo Calero.
Según el análisis de Calero, la estabilidad en el nivel de deuda
comienza a perderse bajo el gobierno de Rosselló González, que en ocho
años subió la deuda pública en por lo menos $10,000 millones.
Durante la administración Calderón la deuda se elevó aún más
proporcionalmen-te. En cuatro años, la deuda del gobierno dividido de
Aníbal Acevedo Vilá y el li-derato legislativo del PNP superó los
$12,900 millones, según el estimado de la economista Calero.
El aumento más alto ocurrió en la administración de Luis Fortuno, pues
pudo alcanzar los $17,800 millones, dijo Calero. Al terminar el
cuatrienio de Fortuno, electo por el PNP e identificado con los
republicanos, "la deuda pública, como porcentaje del PIB nominal,
aumentó a 95%".
Para el inicio del cuatrienio de Alejandro García Padilla, no era ya
posible eludir la crisis. Las agencias clasificadoras degradaron a
chatarra el valor de los bonos del gobierno de Puerto Rico. De todos
modos, la administración de García Padilla salió al mercado en marzo de
2014 para emitir, a una tasa muy alta (8.73%), otros $3,500 millones en
bonos del gobierno.
La deuda llegó a alcanzar los $73,810 millones, incluyendo el
endeudamiento municipal. García Padilla, finalmente, anunció en junio de
2015 que el gobierno de Puerto Rico no podía cumplir con el pago de la
deuda.
Después de que fracasaran en julio de 2015 los esfuerzos en el Congreso
para que Puerto Rico volviera a estar cobijado por el Capítulo 9 de la
Ley federal de Quiebras -como quiso el entonces comisionada residente en
Washington y ahora gobernador, Pedro Pierluisi, frente a la oposición de
sus compañeros de partido Ricardo Rosselló y Jenniffer González-,
republicanos y demócratas se centraron en una bancarrota abarcadura, que
permitiera a su vez ajustar las deudas del gobierno central que ahora
van ante la jueza Laura Taylor Swain.
No fue hasta octubre de 2015, que el gobierno de Barack Obama lanzó su
propia propuesta: permitir a Puerto Rico reestructurar toda su deuda;
nombrar una junta que controlara las finanzas y actuaciones de su
gobierno; encaminar la Isla a la paridad en Medicaid; y acceso a los
créditos federales por ingresos devengados (EITC) y niños dependientes (CTC).
"Esto se puede convertir en una crisis humanitaria, no solo una crisis
fiscal y económica", alertó en aquel momento ante el Comité de Energía y
Recursos Naturales del Senado, Antonio Weiss, consejero del secretario
del Tesoro.
Entre las respuestas estuvo la de los senadores republicanos Orrin Hatch
(Utah), Charles Grassley (lowa) y Lisa Murko-wski (Alaska), que el 9 de
diciembre de 2015 propusieron crear la Autoridad para
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la Responsabilidad
Financiera y la Asistencia Gerencia!, otorgar $3,000 millones para
combatir el problema de liquidez al que se enfrentaba la Isla y por
cinco años, a partir del 31 de diciembre, reducir de 6.2% a 3.1% el pago
por nómina al Seguro Social.
La nueva Autoridad hubiese tenido el poder final para determinar el
presupuesto del Gobierno central de Puerto Rico, las corporaciones
públicas y nombrar al "principal oficial financiero" del gobernador.
Pero, no hubiese permitido reestructurar la deuda.
Hatch, Grassley y Murkowski eran entonces los jefes de los comités con
jurisdicción en este asunto, como presidentes, respectivamente, de los
comités de Finanzas, de lo Jurídico, y Energía y Recursos Naturales del
Senado y eran los que habían manejado el debate sobre la crisis fiscal,
incluida la celebración de audiencias.
Tenían, además, algo en común.
Consecuentemente habían denunciado la falta de estados financieros
auditados recientes, un caballito de batalla de los acreedores desde el
primer artículo en Wall Street, en agosto de 2013 (Barron's) sobre la
crisis de deuda.
Habiendo el Tribunal Supremo de Estados Unidos invalidado además la ley
puertorriqueña que creaba un procedimiento criollo para el gobierno de
la isla irse a la quiebra, la solución fue Promesa, un estatuto
bipartita del Congreso que impuso la Junta de Supervisión Fiscal (JSF)
que controla las finanzas públicas por lo menos hasta junio de 2025 y
representa al gobierno de Puerto Rico en el proceso de bancarrota ante
la jueza Taylor Swain.
La ley frenó las demandas de cobro contra el gobierno, en espera de la
reestructuración de la deuda que ahora está en marcha.
Lara consideró que durante el gobierno
dividido de Acevedo Vilá y la Legislatura del PNP no se debió prolongar
más la crisis. "Se requería una madurez política que Puerto Rico todavía
no la tiene", sostuvo.
Piensa además que la advertencia que hiciera Acevedo Vilá sobre el
déficit estructural pudo haber servido a las agencias acreditadoras para
buscar un escudo y comenzar a degradar la clasificación de los bonos del
gobierno, afectando a su vez la capacidad de pedir prestado a tasas-de
interés razonables y marcando la ruta final hacia la bancarrota.
Lara dijo que Wall Street y el sistema financiero han tenido
responsabilidad en la crisis. "A diferencia de una persona ordinaria se
supone que los inversionistas saben medir riesgos... Fallaron en
identificar los problemas a tiempo", señaló.
Así mismo, Lara sostuvo que no debe minimizarse la influencia en la
crisis de la eliminación de la sección 936, al mencionar un estudio que
llevó a cabo junto al también economista y profesor universitario José
Caraballo Cueto.
"Después del fin de la sección 936 la economía básicamente dejó de
crecer. Tienes una economía que ya no está generando los recaudos que el
gobierno necesita y eso viene en gran medida por el debilitamiento de la
economía a causa de la desindustrialización", sostuvo Lara.
Calero afirmó que desde el gobierno de Calderón en adelante se cuadró el
presupuesto con préstamos. Más adelante, bajo el gobierno de Acevedo
Vilá y la Legislatura del PNP se implantó el Impuesto a la Venta y Uso (IVU),
para pagar por la nueva deuda de la Corporación del Fondo de Interés
Apremiante (Cofina), creada para pagar la controvertida deuda
extracons-titucional y gastos corrientes.
Y bajo el gobierno de Fortuno se recurrió a la Ley 154 de 2010, que por
medio de un arbitrio a las empresas estadounidenses que hacen negocios
como foráneas y un crédito federal -el cual el Tesoro quiere ahora
terminar-, allegar más recursos "para cubrir los déficits" y mantener a
flote la economía, señaló Calero.
"Era muy atractivo conseguir dinero y pagarlo con el IVU. Tomar deuda
por 20 o 30 años para cubrir déficits de un año. El uso que se le dio a
esa deuda no fue para mejorar la infraestructura, ni para realizar
actividad productiva. Fue para pagar déficits", sostuvo.
Para cuando llegó la quiebra, "nos quedamos sin palabra", al tener que
dejar de pagar las obligaciones generales que garantizaba la
Constitución de Puerto Rico, agregó Calero.
Lara sostuvo que ahora comienzan unas vistas de confirmación sobre un
Plan de Ajuste de la deuda del Gobierno Central, la Autoridad de
Edificios Públicos y el Sistema de Retiro que la propia JSF reconoce
puede aún incluir que el gobierno "vuelva a entrar en déficit".
Aunque se prevé un crecimiento económico quizá de hasta cinco años
gracias a la masiva asignación de fondos federales de emergencia, para
mitigar los desastres naturales recientes y la pandemia del co-ronavirus,
el gobierno y la JSF adolecen de un plan de desarrollo económico.
En ese sentido, Lara sostuvo que la posibilidad de que se repita la
historia "es obviamente un temor que todos tenemos con este Plan de
Ajuste".
"Quiero dejarle un mejor país a mi hijo, a mi nieto", dijo la economista
Calero, pero para ello los gobiernos de la isla tienen que utilizar bien
las decenas de miles de millones de dólares en fondos de emergencia y "hacer
crecer esta economía para que la fuerza laboral más productiva se quede
aquí, mejore la salud y la educación".
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