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Relato de la jornada de brutalidad
sábado, 10 de julio de 2010
Por Cándida Cotto/ Claridad
“La patria es de quienes la afirman”. Según lo dijo el Maestro
Pedro Albizu Campos, eso fue lo que hicieron el pasado miércoles
30 de junio los jóvenes universitarios junto a otros cientos de
puertorriqueñas y puertorriqueños en la plazoleta del Capitolio.
La convocatoria a protestar frente al Capitolio fue hecha en un
principio por el movimiento estudiantil con el objetivo simbólico
de “retomar la Legislatura”, preocupados –como expresaron en su
llamado- por los daños irreparables que está cometiendo el actual
gobierno contra la Universidad de Puerto Rico (UPR), la educación
pública, los recursos naturales, el acceso a la información, las
comunidades, el Colegio de Abogados, ahora el Colegio de Médicos y
contra los servidores públicos.
En el anuncio de la actividad, suscrito por el estudiante del
Recinto de Mayagüez, Alberto Rodríguez, quien fue parte del Comité
Nacional Negociador durante la huelga, y el también estudiante
Aníbal López, expresaron: “ésta será una actividad pacífica ya que
se supone que la entrada al Capitolio y al Hemiciclo no nos las
nieguen. Sin embargo, sería preocupante que aspirantes a
dictadores quieran utilizar la fuerza y la violencia para quitarle
los derechos al pueblo. Al menos por parte de nosotros no
dejaremos que nos pasen por encima por caprichos de una u otra
persona”.
El comunicado de prensa, circulado el lunes 28 de junio a cerca de
cien periodistas y medios de comunicación, contiene los números de
contacto de ambos estudiantes convocantes y específicamente dice:
“La Delegación llegará a las 3:30 pm a las escalinatas del
Capitolio, y solicitará entrar al Capitolio y al Hemiciclo a
través de los procedimientos existentes y dará lectura a una
declaración a favor del pueblo puertorriqueño y reclamar garantías
de que se va a velar por los intereses del pueblo.” Esos hechos
desmienten categóricamente al gobernador Fortuño, quien en varias
ocasiones afirmó que “anunciaron abiertamente que iban a tomar por
la fuerza el Capitolio”.
Al llamado se unieron diversas agrupaciones cívicas, personas en
su carácter individual, y también acudieron como observadores
miembros del Colegio de Abogados, del Capítulo de Puerto Rico de
Amnistía Internacional y de la Asociación Americana de Juristas.
Las motivaciones para repudiar al Gobierno frente al Capitolio
cobraban envergadura porque el miércoles era el último día de la
Sesión Legislativa, en la cual se examinaría el presupuesto de
este próximo año fiscal y ante la actitud del presidente del
Senado Thomas Rivera Schatz días antes de negarle el acceso a la
Prensa al Hemiciclo del Senado. Esto se sumaba a que ya hace
varios meses que el acceso al Hemiciclo está prohibido al público
en general.
Desde tempranas horas de la tarde comenzaron a llegar estudiantes
y otras personas a la llamada Casa de las leyes. Entre ellos el
grupo de jóvenes del medio alternativo Radio Huelga, compuesto por
Lourdes Santiago, Miguel Santos e Isabel Peña, el estudiante de
Rumbo Alterno, Shariana Ferrer y Richards Hiskes, de Onda Corta.
Una vez las escalinatas culminaban en la entrada del Capitolio,
todo fue inútil. Entre policías de la Fuerza de Choque sin
identificación en su uniforme y el llamado personal de seguridad
del Capitolio, a estudiantes, profesores, y otros ciudadanos se
les impedía entrar al Hemiciclo. Incluso hubo fotoperiodistas que
tuvieron dificultades para lograr acceso.
En tanto, el oficial de prensa del Senado, Eric Toro, a preguntas
de los periodistas de por qué se les estaba negando el acceso a
los jóvenes de los medios alternos, dijo que era una medida de
prevención y que fue una recomendación de la Policía. Al
cuestionarle por qué el personal de seguridad del Capitolio no
estaba identificado, dijo no saber ni había preguntado.
Los ánimos ya se iban caldeando. Un nutrido grupo de estudiantes,
mujeres, profesores, abogados y trabajadores se iba congregando
frente al Capitolio. En un momento, cerca de las cuatro de la
tarde, las jóvenes de Radio Huelga se sientan frente a los puestos
de registro de la entrada reclamando su derecho a entrar al
Hemiciclo del Senado. Entonces, un funcionario de seguridad del
Capitolio le arrebató el gas pimienta a un agente de la Fuerza de
Choque y rocía a un manifestante directamente en sus ojos.
Entonces, aparecieron agentes de la Fuerza de Choque tanto desde
adentro como de afuera y comenzaron a sacar a patadas y macanazos
a todos los presentes. Las estudiantes fueron arrastradas por el
piso y tiradas escaleras abajo y la Fuerza de Choque arremetió
contra todos, incluyendo a los presentes en la plazoleta frente al
Capitolio.
Hay que destacar que la Fuerza de Choque nunca permitió que se
pudiera organizar la manifestación afuera y ocupó la plazoleta e
hizo que los presentes se acomodaran casi en la acera, mientras un
nutrido grupo de estudiantes ocupó el lateral del Capitolio que da
para el Senado.
Transcurrido este primer ataque, ya estaba dentro el
Superintendente de la Policía, José Figueroa Sancha. Al ser
abordado por un grupo de periodistas sobre el porqué de la
agresión y por qué no dejaron entrar a los estudiantes de los
medios alternativos, entre expresiones cortadas éste alegó:
“Sí estaba entrando personal que se está identificando con la
licencia. La información que tengo es lo que siempre en esta
situación…, primero, que ellos no tienen ni líder, este grupo no
tiene líderes, tratan de entrar a la fuerza tirando spray a la
policía y… ahí obviamente la autoridad es la que va a prevalecer,
no el desorden y la delincuencia”.
En evidente tono molestó, Figueroa Sancha agrega… “yo siempre he
dicho que… Vamos hablar de las agresiones de ellos, ¿por qué
siempre tenemos que hablar de las agresiones de los policías? Los
policías fueron agredidos, ¿Qué vamos a esperar, que nos sigan
agrediendo todos los días? No, no lo voy a tolerar”. En ese
momento la prensa le cuestiona cómo había sido agredida la Policía
y replica “ustedes tienen los visuales”.
Al cuestionarle por qué se les negó la entrada a los estudiantes
periodistas ya que su propósito era cubrir los trabajos de la
sesión, el Superintendente lo rechazó. No obstante, sus palabras
revelaron lo contrario. “Pero es que son siempre los pobres
estudiantes. Ellos no representan a los estudiantes, ellos son
delincuentes…”.
También negó que fuese él quien ordenó cerrar los hemiciclos. “Eso
le compete a la seguridad del Capitolio. Yo estoy en el perímetro
afuera, pero la seguridad del Capitolio no la tiene la Policía.
Esa parte tienen que preguntársela el Superintendente del
Capitolio. La policía aquí no toma las decisiones de cerrar las
gradas. Eso le compete a los presidentes de los cuerpos
legislativos. Una cosa es que se recomiende y otra cosa es que se
ordene. Eso le compete y es decisión única del Superintendente del
Capitolio. Yo no lo recomendé”.
Volvimos afuera. A las 5:10 de la tarde apareció la Policía
Montada y se colocó al pie de las escalinatas. Los estudiantes se
mantenían coreando consignas, otros en la plazoleta y alrededores.
Manifestantes y periodistas nos manteníamos a la expectativa bajo
la mirada de furia y rostro de coraje de los efectivos de la
Fuerza de Choque. A las 6:37 de la tarde aparece otro contingente
de paramilitares. Entonces se formaron dos líneas de frente a los
estudiantes. Cerca de las siete comenzó el segundo ataque.
Macanazos, puntapiés, gases lacrimógenos contra todos, a los
estudiantes los persiguieron casi hasta el Parque Muñoz Rivera.
Luego, la Fuerza de Choque regresó y empujó a los que todavía nos
requedamos en los alrededores, incluyendo a personas que se
encontraban en la conocida Lomita de los Vientos, frente al
Capitolio. Las personas entonces se movieron hasta la Plaza de
Colón.
Pasado un tiempo cuando los pocos presentes en las cercanías de la
Plaza de Colón creían que ya todo había pasado, hasta allá llegó
otra vez la Fuerza de Choque.
Las imágenes de lo acontecido, que han recorrido todos los medios
televisivos del país y por la red cibernética, desmienten de
manera categórica las últimas alegaciones de Figueroa Sancha a la
prensa para justificar la conducta de la policía.
“Está todo grabado. Cuando yo tenga la oportunidad de demostrar
que ellos destruyeron vehículos, vaciaron gomas…tú sabes muy bien
la contestación a eso… tú sabes que aquí una intervención lo que
crea es más confrontación. Lo que hicimos nosotros aquí fue una
dispersión y evitar confrontación física, para eso están
adiestrados la policía… Eso se va a ver porque golpearla… ¿Quién
tiene aquí que controlar y poner orden? ¿Son ellos los que dictan
cómo se va a regir este país o es la policía, que tiene el deber
ministerial de mantener el orden cuando tú tienes un grupo como
este grupo, totalmente desordenado y violento? Imagínense que
fueran al canal de ustedes y digan ‘vamos a tomar el canal’. Aquí
nadie va a tomar el Capitolio. Yo di todas las instrucciones, las
di personalmente yo. Desde la una de la tarde estuvo entrando
gente.
“Lamentablemente el que fuerza aquí la situación son ellos. Cuando
se comienza a destruir propiedad, a tirar objetos contra la
uniformada, hay que restablecer el orden, porque si no, lo próximo
hubiese sido una confrontación mucho más violenta de lo que hemos
visto aquí hoy… Aquí el jefe de la policía soy yo”.
Denuncian atropellos contra la prensa
Diferentes organizaciones de la sociedad puertorriqueña levantaron
su voz para defender el derecho de la libertad de prensa y
denunciar la actitud del presidente del Senado de Puerto Rico,
licenciado Thomas Rivera Schatz, de prohibir la entrada de
periodistas y fotoperiodistas al Hemiciclo del Senado desde que
comenzó la última sesión deliberativa de dicho cuerpo el pasado
jueves 24 de junio.
La acción, sin precedentes en la Legislatura de Puerto Rico, ha
provocado momentos de tensión y agresiones por parte de los
ujieres del Senado contra compañeras y compañeros de la prensa que
han acudido a cumplir con su responsabilidad de informar sobre lo
que sucede en el Hemiciclo durante la sesión que se supone examina
el presupuesto del país de este próximo año fiscal 2010 - 2011.
El lunes 28 de junio en la sede de WAPA TV, directores de los
diferentes medios noticiosos, prensa escrita, radio, televisión,
agencias de noticias y el Centro de Periodismo Investigativo,
celebraron una reunión junto a la Asociación de Periodistas de
Puerto Rico (ASPPRO), el Overseas Press Club (OPC) y la Asociación
de Fotoperiodistas (AFP), para formular una Declaración conjunta y
coordinar los pasos a seguir frente a la situación. Entre las
acciones a seguir las organizaciones se disponían, al cierre de
edición, a acudir a los tribunales.
Comisión de Derechos Civiles
“Impedir la entrada de los(as) periodistas al Hemiciclo del Senado
es una agresión a la libertad de prensa y al derecho del pueblo a
mantenerse informado adecuadamente. La libertad de prensa es un
derecho fundamental ampliamente reconocido en múltiples e
importantes documentos internacionales, más como se ha visto el
mismo continúa siendo sujeto a ataques”, declaró el presidente de
la Comisión de Derechos Civiles (CDC), licenciado José Irizarry
Jordán.
El Presidente de la CDC calificó la prohibición de entrada al
hemiciclo de “acto irrazonable que fomenta un ambiente de
incertidumbre y desconfianza de la ciudadanía sobre las
actuaciones del Senado”. Trajo a la atención que la sección 4
Artículo II de la Carta de Derechos del Estado Libre Asociado
(ELA), establece que no se aprobará ley alguna que restrinja la
libertad de palabra o de prensa o el derecho del pueblo a reunirse
en asamblea pacífica y a pedir al Gobierno la reparación de
agravios y la sección 11 del Artículo III establece que “las
sesiones de las cámaras serán públicas”.
De hecho, desde hace muchos meses Rivera Schatz prohibió la
entrada al público en general a las gradas del Senado. La CDC le
exigió al gobierno que reconozca y enmiende su “error” de privar
la entrada de la prensa al hemiciclo y dijo que estará vigilante a
cualquier acto que limite la libertad de prensa y, por ende, la
democracia. A esos fines dijo que colaborará con cualquier
organismo que trabaje para la defensa de estos derechos.
Unión Americana de Libertades Civiles
En comunicado de prensa, la Unión Americana de Libertades Civiles
(ACLU, por sus siglas en inglés), indicó que “El pueblo de Puerto
Rico no tiene el lujo de permitir que se secuestren nuestros
derechos; debemos exigir que se nos respete y debemos recordarles
que el Capitolio pertenece al Pueblo de Puerto Rico y los salarios
que se pagan allí provienen de nuestro caudal, por lo que tienen
la obligación de rendirnos cuentas.
“Hacemos un llamado al Senado de Puerto Rico que cesen de
atropellar los derechos fundamentales del pueblo y que procedan a
abrir las puertas de la Legislatura. Aún están a tiempo para
rectificar.”
Asociación Americana de Juristas
En tanto, el Capítulo de Puerto Rico de la Asociación Americana de
Juristas (AAJ) también expresó su preocupación por la situación.
“Desde hace meses el pueblo ha sido testigo del patrón de conducta
de esta Asamblea Legislativa, en el cual se ha tratado de excluir
al público de los procedimientos parlamentarios mientras se
discuten piezas legislativas que afectan el diario vivir de todos
y todas en la sociedad”, declaró la presidenta de AAJ, licenciada
Aleida Centeno Rodríguez.
“El derecho fundamental de acceso a la información pública es
parte del derecho de la ciudadanía en general a estar informados y
del deber de los gobiernos de proveer el acceso a esa información
pública. Esos derechos son parte del derecho constitucional y del
derecho humano a la libre expresión y la prensa. Dichos derechos
son eficaces cuando se solicita información o cuando los
ciudadanos quieran participar de los procesos legislativos, en
especial cuando en tales procedimientos parlamentarios se van a
tratar asuntos de un interés apremiante, o de un asunto de interés
público importante. Sin el acceso a la información pública no
puede haber oportunidad de participación democrática, y menos aún
se puede garantizar un debido proceso de ley”, agregó.
La AAJ denunció que la Asamblea Legislativa no ha invocado ni
puede invocar ningún privilegio de evidencia para esta
prohibición. “Los privilegios existen en casos criminales cuando
se trata del sumario fiscal o la protección de informantes, cuando
se trata de la seguridad nacional (secretos militares) y en casos
del privilegio ejecutivo en las relaciones internacionales, los
cuales son claramente inaplicables en este caso en que se ha
pretendido excluir a la prensa cuando está el Senado sesionando.
No existe este tipo de privilegio para los cuerpos legislativos ni
justificación legal siendo estas acciones contrarias a Derecho”.
Amnistía Internacional
El director ejecutivo en Puerto Rico de AI, Pedro Santiago,
expresó: “Todavía al sol de hoy no hemos escuchado una razón
válida que justifique la decisión del Presidente del Senado de
prohibir la entrada a los periodistas al hemiciclo. A todas luces,
este acto es un intento de limitar el derecho democrático de la
ciudadanía, ya que no sólo se violenta la libertad de prensa, sino
que obstaculiza el acceso a la información, elemento indispensable
para una fiscalización adecuada de parte de la ciudadanía a la
rama legislativa. Si permitimos esto hoy, mañana tendremos a una
Legislatura legislando a puertas cerrada y a espaldas del pueblo”.
Amnistía Internacional, una organización que vela por el
cumplimiento y respeto de los derechos humanos, censuró que la
decisión de vedar el acceso de la Prensa al hemiciclo “deja en
evidencia una falta de compromiso con los procesos democráticos
que establece al pueblo como el jefe directo de la Legislatura”.
La entidad le exigió a Rivera Schatz que en el futuro no se
repitan acciones que pongan en entredicho los fundamentos
democráticos y le hizo un llamado para que se retracte de su
decisión, le pida excusas a la clase periodística del País y a los
ciudadanos en general.
Partido Independentista Puertorriqueño
“La exclusión de miembros de la prensa de las oficinas de prensa
del área del hemiciclo del Senado representa no sólo un atropello
contra el derecho de la prensa a informar sobre asuntos públicos
medulares que se discuten allí, sino que además resulta un
atropello contra el país y su derecho de conocer a través de los
medios de comunicación la discusión parlamentaria de las medidas
bajo consideración. Esto es particularmente grave ya que el Senado
se encuentra evaluando la aprobación de medidas durante el fin de
la Sesión Legislativa. En ese periodo, como conoce el país, se
aprueban múltiples medidas de importancia, muchas por el proceso
de descargue sin la evaluación de las comisiones correspondientes,
lo que hace más necesario que la prensa esté presente durante el
proceso para que el país conozca qué medidas se aprobaron y qué
enmiendas pudieron haber sufrido”, declaró el secretario general
del PIP, licenciado Juan Dalmau Ramírez.
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