Crecimiento del aparato legislativo

27 Julio 2010

Por Yanira Hernández Cabiya /El Nuevo Día

Monstruo insaciable

Desde su creación en 1952, la Rama Legislativa actual ha crecido vertiginosamente.

Ese crecimiento se manifiesta en una nómina que ahora sobrepasa los 1,900 empleados regulares y un alto número de comisiones legislativas que ha obligado, a su vez, al reclutamiento de empleados.

Se observa también en la acumulación de propiedades -mediante compra o alquiler- a lo largo del preciado vecindario que rodea al Capitolio. La mayor parte de esos inmuebles están deteriorados y, para acondicionarlos, las autoridades legislativas planifican utilizar sumas de dinero millonarias, como confirmó el propio superintendente del Capitolio, Eliezer Velázquez.

No obstante, pese a la necesidad de corregir las fallas de esas propiedades, que incluyen el edificio principal del Capitolio, el liderato legislativo ha optado por utilizar millones de dólares de fondos públicos para construir plazas y levantar monumentos en áreas aledañas a la Casa de las Leyes.

El crecimiento de la Rama Legislativa contrasta con el hecho de que el Senado y la Cámara de Representantes han ignorado el voto de los electores a favor de que se establezca un sistema unicameral y la promesa electoral del gobernante Partido Nuevo Progresista (PNP) de reducir el número de escaños legislativos.

Duplicidad

El desparramamiento físico de la Asamblea Legislativa resulta, en parte, de la duplicación de oficinas para un mismo legislador, explicaron ex legisladores.

“Las necesidades administrativas han justificado la necesidad de mayor espacio. A un legislador usualmente se le asigna una oficina con dos espacios para él, sus asesores y las secretarias. Y si el legislador preside una comisión se le asigna espacio adicional y eso ha ido duplicando la necesidad de espacios”, explicó el ex presidente de la Cámara de Representantes, José “Rony” Jarabo.

Además de las oficinas de los legisladores, bajo la Rama Legislativa también se encuentran las oficinas de Servicios Legislativos, la Superintendencia del Capitolio, las oficinas administrativas y varias comisiones especiales y permanentes que ocupan oficinas dentro del complejo capitolino.

Según informes de la Oficina del Contralor, en el 2003 había 1,892 empleados en esas oficinas. El documento no especifica si esa cifra incluye los puestos de confianza o los empleados por contrato. En el 2010 ese número se ha elevado a 1,907 puestos, según el Contralor.

Aunque esa alza es de 15 empleados, contrasta con el dato de que el número de legisladores se redujo de 88 en el 2000 a 85 en el 2008, según se aplicó en esos años la Ley de Minorías.

Alza en comisiones

El número de comisiones, otro factor que se aduce para justificar la necesidad de espacios, aumentó dramáticamente en el Senado al comparar los años 2000 con el 2008, pero en la Cámara se mantuvo igual.

El cambio en el total de comisiones se produce cada cuatrienio como resultado de las negociaciones que realiza el legislador que desea presidir cada cuerpo para lograr los votos necesarios para asumir la posición.

Por ejemplo, en el cuatrienio pasado en la Cámara, el entonces presidente José Aponte dividió la Comisión de Hacienda, que por años ha presidido el legislador Antonio “Toñito” Silva, y creó la Comisión de Asignaciones y Presupuesto para poder dar una comisión de prominencia al representante Ángel Pérez.

En el cuatrienio actual, la Comisión de Hacienda quedó nuevamente unificada para trabajar tanto el presupuesto como las medidas de recaudos y fiscales.

En el 2004, el Senado tenía 15 comisiones, varias de ellas presididas por un mismo senador debido a la división que existía entre los legisladores de mayoría a raíz del intento del ex gobernador y entonces senador Pedro Rosselló de ocupar la presidencia del cuerpo.

Este año, el Senado tiene 33 comisiones permanentes y tres especiales.

Una de ellas es sobre el derecho de autodeterminación del Pueblo de Puerto Rico que preside el líder del Senado, Thomas Rivera Schatz; otra sobre el Puerto de las Américas que preside el senador de Ponce, Larry Seilhamer, y la de Reforma Gubernamental que encabeza la vicepresidenta del Senado, Margarita Nolasco.

Las propiedades

Por años, los legisladores han justificado el crecimiento de la Rama Legislativa y la adquisición de nuevas propiedades.

Poco después de la inauguración del Capitolio, se planteó la necesidad de construir los anexos de la Cámara y el Senado para acomodar el alza en el número de legisladores resultado de la aprobación de la Constitución boricua.

Sin embargo, en aquel momento el edificio principal, además de la Legislatura, albergaba las oficinas del Contralor, el Tribunal Supremo y el Tribunal Electoral, que luego se mudaron a sus propios inmuebles.

Ya para la década de 1990 se comenzó a utilizar el edificio Luis Muñoz Marín (antes Medical Arts) y el Ramón Mellado Parsons (antes Comisión Industrial).

“Don Miguel (Hernández Agosto, ex presidente del Senado) era creyente de separar las oficinas administrativas de las labores inherentemente políticas que tienen lugar en el edificio principal. Además, ya se había hecho bien difícil mantener los edificios”, explicó Pablo Crespo, administrador del Senado del 1989 al 1992.

Según Crespo, el edificio Mellado Parsons se compró para albergar oficinas administrativas del Senado y establecer allí las oficinas de los investigadores del caso del Cerro Maravilla.

Sin embargo, Crespo dijo estar sorprendido con la cantidad de edificios que ahora tiene bajo su manto la Rama Legislativa.

“Me sorprendió cuando vi cómo ha crecido sin control. Es algo fuera de proporción. No entiendo para que tanto edificio”, expresó.

El superintendente Velázquez justificó esas adquisiciones ante la necesidad de ubicar a los empleados que trabajan en edificios enfermos. En relación con los edificios Muñoz Marín, la Comisión Estatal de Elecciones I y II y el edificio Antonio R. Barceló (antes Medicina Tropical), dijo que “estos son edificios enfermos que representan un riesgo a la salud por los hongos y los olores objetables. Lo que se ha hecho con ellos por los pasados años son parchos”.

Sin embargo, el plan de la Superintendencia para estos años enfatiza en la construcción del Paseo de los Presidentes, un monumento a los policías puertorriqueños, la Plaza Rafael Hernández, la Galería de los Gobernadores, el Paseo de las Banderas, la reconstrucción de la Plaza San Juan Bautista y el ajardinamiento paisajista de las áreas verdes del Capitolio. Dichas obras sobrepasan los $5 millones.

Mientras, el ex presidente del Senado, Charlie Rodríguez, indicó que si bien es cierto que hay labores de reconstrucción de gran importancia que se han postergado para dar paso a otras construcciones, “el dinero necesario para realizar esas obras en este momento no lo hay”.

“Lo que pasa es que para hacer los trabajos que son necesarios, por ejemplo en el Luis Muñoz Marín, se necesitan cerca de $15 millones que nos los hay. Así es que lo que puede hacerse son obras más pequeñas para mejorar el litoral”, dijo el también asesor de Rivera Schatz.