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Defienden desarrollo en Bahía Urbana ante la Junta de Control Fiscal

Alegan que el ente fiscal no debe pasar juicio sobre el contrato adjudicado sin licitación


Ayeza Díaz Rolón, EL VOCERO 04/12/2021

Para la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones (ADCC) el proceso que siguieron para adjudicar el contrato para un nuevo desarrollo en el área Bahía Urbana, en San Juan, fue correcto y no excede el umbral de $10 millones establecido que obliga a la Junta de Control Fiscal a pasar juicio sobre el mismo.

Mariela Vallines Fernández, directora ejecutiva de la ADCC, dijo a EL VOCERO que le envió una carta al principal asesor legal de la junta, Jaime A. El Koury, para aclarar la “absoluta confusión” que se creó con este desarrollo y sus costos. Además, insistió en que la junta fiscal no tiene que pasar juicio sobre el contrato que se adjudicó sin un proceso de licitación.


Según explicó, la ADCC está facultada a seguir ese proceso mediante ley orgánica.

“Como puede verse, en la aclaración adjunta, el total correcto de ‘Proyecciones de ingresos de PRCDA a 20 años’ para el alquiler anual y el porcentaje de alquiler es de $9,137,000 ($2,321,000 de alquiler base + $ 6,816,000 de alquiler porcentual) para el período de 20 años y no “por año”. Por lo tanto, el contrato no cumple con el umbral de $10 millones establecido por la política de contratos de la junta, y no requiere su presentación ante la junta”, lee la misiva que Vallines Fernández envió al organismo federal.

Igualmente, señaló que no son correctos los estimados divulgados que apuntan a que el ADCC recibiría 3 por ciento del ingreso bruto (un equivalente de $7 millones al año) que reciban los proyectos propuestos por Las Brisas Property Management y la firma Caprock Partners. “Por la presente aclaramos que la fórmula de reparto de ingresos del 3% cubierta por la prensa representaría aproximadamente $7 millones para el período de veinte (20) años, y no ‘por año’ como se informó. Dicho error fue informado por el desarrollador del proyecto, junto con una corrección de la fecha”, añade la carta.


Tras dar a conocer el escrito, la funcionaria rechazó que la carta que El Koury dirigió el pasado jueves a la ADCC cuestionara las razones por las cuales no se siguió un proceso de licitación como ocurre de forma ordinaria.

“Creo que la comunicación de la junta iba más dirigida a cuestionar porqué no habíamos sometido un negocio que para ellos excede la cantidad de $10 millones”, afirmó.


A su juicio, la alegación del principal asesor legal del organismo fiscal “es incorrecta”. “No tendríamos que consultar a la junta porque la disposición de la ley Promesa aplica a transacciones que exceden los $10 millones”, indicó.

“¿A qué usted atribuye la alegada confusión de la junta?”, se le preguntó.

“No te podría contestar qué fue lo que ocurrió. Pudo haber sido una confusión por los números en la conferencia, la manera en que se llevó o se recibió la información”, respondió.

La junta fiscal mostró reparos con el contrato a 72 horas de que el gobernador Pedro Pierluisi y Vallines Fernández anunciaran el proyecto en conferencia de prensa. Su objeción se basó en que, conforme con la ley Promesa, tendrían que pasar juicio sobre esa contratación.

Vallines Fernández dijo que espera que la junta fiscal responda la carta “relativamente rápido” y que la controversia no pase a mayores como para afectar el desarrollo.

“Ahora mismo no debe tener ningún tipo de efecto en cuanto al contrato firmado y vigente porque en ningún momento se ha violado ninguna determinación de la ley Promesa”, sostuvo.

Sin embargo, reconoció que la junta fiscal ha levantado “muchísimas objeciones” sobre distintas contrataciones en el gobierno, algunas de las cuales terminan en el Tribunal Federal ante la jueza Laura Taylor Swain.

“Estoy segura de que esto se va a poder aclarar con la carta y pienso que es una controversia sencilla”, señaló.

Actualmente, el proyecto para los terrenos ubicados en Puerta de Tierra, a la entrada del Viejo San Juan y la zona portuaria, se encuentra en la fase de permisología y luego pasaría a la fase de construcción. La expectativa es que en octubre de 2024 el desarrollo se haya construido y esté en funciones.


Las negociaciones para este proyecto comenzaron cuando la actual secretaria de la Gobernación, Noelia García, era la directora ejecutiva del ADCC.