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 Desde
su origen, el ser humano ha recurrido al pasado de la mano de obreros
cuyo afán es proteger la memoria, que es tan frágil como poderosa. Ese
fin se apoya en instituciones dedicadas a proteger el patrimonio
histórico como lo es el Archivo General de Puerto Rico, entidad adscrita
al Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP).
Pero el malestar se instaló entre historiadores e investigadores tras un
aviso público del ICP que comunica la radicación ante el Departamento de
Estado de una serie de reglamentos, entre ellos el correspondiente al
uso de las salas de estudio y referencia del Archivo General. Luego de
examinar este documento, que establece la política de la utilización del
lugar, que custodia fuentes de información que datan desde el siglo
XVIII, la Asociación Puertorriqueña de Historiadores (APH) alertó que
éste afectaría negativamente a los investigadores e historiadores.
Más allá del reglamento, la faena investigadora en esta institución es
“difícil”, según la doctora Evelyn Vélez, presidenta de la APH. Vélez
ejemplifica que, en ciertos periodos históricos que cobija el Archivo,
no existe un inventario completo de los fondos documentales que
contienen las cajas que utilizan los usuarios para trabajar. Ello
redunda en que un investigador pueda revisar cientos de cajas -una por
una, entre curiosidad y agotamiento- para arrojar algo de claridad sobre
su objeto de estudio.
“No hay presupuesto suficiente para contratar personas que cataloguen,
para ver cuál es el material que hay dentro de las cajas”, detalló quien
ilustró que ello supone un “vacío de información” para el investigador.
Esta propuesta de reglamento, lejos de aliviar este tipo de dinámicas,
presenta un cuadro “oscuro” en varias de sus partes, señaló el doctor
Josué Caamaño, vicepresidente de la Red de Archivos de Puerto Rico (ArchiRED).
El artículo 10 del reglamento, que trata sobre la solicitud de servicios
en las salas de consulta, dispone que “el usuario podrá solicitar un
máximo de tres cajas” y que las solicitudes para más de tres cajas,
requerirán el permiso especial de personal autorizado.
Este límite, según Caamaño, obstaculiza una exploración histórica. “Tú
pides una caja, pero ahí no va a estar necesariamente ni siquiera una
referencia de lo que estás buscando. Uno puede estar un día entero
consultando papeles y papeles para encontrar una sola pista”, ilustró
acerca del problema que puede representar esta restricción en el tiempo
y los recursos de los investigadores.
Aludiendo a artículos como este, el investigador auxiliar del Centro de
Investigaciones Históricas del recinto riopedrense de la Universidad de
Puerto Rico dijo que “la promulgación de esta propuesta de reglamento
restringe demasiado la labor de los investigadores e historiadores”.
También el artículo 9, que establece el manejo de documentos en las
salas de investigación, revela en una de sus partes que “se prohíbe
fotocopiar o solicitar fotocopias de los instrumentos de búsqueda” como
guías, inventarios o catálogos. Vélez y Caamaño coincidieron en que este
fragmento es un “anacronismo”, porque los instrumentos de búsqueda de
múltiples archivos mundiales y locales son públicos y están en línea
para reproducción.
“Quienes promulgan este borrador de reglamento son el presidente y el
secretario de la junta de directores y la directora ejecutiva del ICP.
Todos sabemos que son nombramientos políticos y yo no veo que aquí se
haya llamado a la Asociación de Historiadores de Puerto Rico, a la
Asociación de Archivos de Puerto Rico o a académicos reconocidos en la
investigación histórica o del quehacer intelectual, para que
participaran en la redacción de este reglamento”, manifestó Caamaño.
Asimismo, Caamaño teme la posibilidad de “maromas políticas para impedir
el uso de cierta documentación”, refiriéndose a otro punto del artículo
9 que señala que “todo documento fuera de consulta no se podrá
consultar” y que el Archivo se reserva el derecho de determinar qué
documentos no podrán examinarse por “su condición física” o “por motivo
de seguridad”.
El profesor planteó que, si el documento está fuera de consulta, el
investigador debe recibir una transcripción de ese documento donde se
indique por qué no se puede consultar. “Eso me parece muy sospechoso
sabiendo los tesoros documentales que contiene ese Archivo”, comunicó
Caamaño.
Habla el ICP
La directora ejecutiva del ICP, la profesora Mercedes Gómez, declinó
reaccionar en torno al documento en cuestión. “Esto no es un reglamento
final. No tenemos que hacer ninguna declaración porque todo está dicho
ahí”, reaccionó en su lugar la directora de Prensa del ICP, Elsa
Fernández Miralles, sobre el reglamento y el aviso público que figura en
la página cibernética del Gobierno de Puerto Rico, www.pr.gov.
“Casi todos los reglamentos del ICP databan de la década del 50, sin
tener en cuenta los nuevos procesos y tecnologías. Había que hacerle un
‘upgrade’ ”, explicó Fernández, quien advirtió que no están presentando
“nada fuera de ley”.
En cuanto a si habrá vistas públicas para dilucidar el rumbo del
reglamento, la portavoz contestó que “debe haber algún tipo de
dinámica”. “Supongo que sí”, atisbó.
Según un anuncio que publicó el ICP, aquellos interesados en enviar
comentarios o someter enmiendas deben hacerlo durante los 30 días que el
aviso se mantenga disponible al público. Para eso debe comunicarse antes
de este sábado 5 de marzo -cuando concluye el plazo desde la divulgación
del aviso de este reglamento- escribiendo a cviera@icp.gobierno.pr o
dirigiendo una carta al Apartado 9024184, San Juan, PR 00902-4184.
“El estado de las fuentes documentales de un país da una idea del
respeto que tienen los gobiernos por su historia”, remató Vélez.
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